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Forma
parte de un ejido en el estado de Campeche, donde los integrantes de su
comunidad tienen parcelas similares. La mayoría se dedica a lo mismo: cultivar
miel de la delicada abeja melipona, que no posee aguijón, por lo que no puede
defenderse de sus depredadores.
No,
no es un terreno grande el de Leydi. Sin embargo, ahora mismo está en el centro
de una batalla de alcances globales: la de quienes están a favor o en
contra de los cultivos transgénicos.
Apicultores
como Leydi temen que los cultivos transgénicos puedan contaminar la miel que
producen artesanalmente. México es el tercer exportador mundial de este
producto y la mayoría de quienes la trabajan son indígenas.
Amparos
La semana
pasada, un juez concedió un amparo a indígenas y campesinos de Yucatánpor
medio del cual se suspendía la siembra de soya transgénica en la región por
parte de la empresa Monsanto.
Dos amparos
similares habían sido otorgados en marzo y abril a campesinos e indígenas de
Campeche, entre los que se encuentra Leydi.
Según medios
de comunicación y activistas, las medidas cobijan a unos 30 mil
apicultores con sus familias, en su mayoría de pueblos originarios.
En los
fallos de Campeche se indica que el gobierno no consultó a las comunidades
indígenas mayas sobre una decisión que las tocaría directamente.
En el
dictamen de Yucatán, además de este argumento, también se contempla la posibilidad
de que las semillas transgénicas puedan afectar los cultivos y en especial la
producción de miel.
“Es el
derecho a que no se puede implementar ningún tipo de biotecnología hasta que no
se garantice plenamente los efectos secundarios” explica a BBC Mundo el abogado Jorge
Fernández, quien forma parte del colectivo Ma OGM, que asesora a los
apicultores.
En los tres
amparos -que han sido calificados de “históricos” por defensores del
medio ambiente-, además de suspender los cultivos transgénicos se ordena
realizar las debidas consultas con las comunidades indígenas.
Guerra jurídica
Esta
nueva batalla entre agricultores y activistas contra la siembra de semillas
transgénicas se viene desarrollando con especial intensidad en México desde junio
de 2012.
Ese
mes, el gobierno autorizó al gigante Monsanto a sembrar soya transgénica a
nivel comercial en más de 253mil hectáreas distribuidas en siete estados.
Según
dijo Ariel Álvarez Morales, secretario ejecutivo de la Comisión
Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados
(Cibiogem) a la periodista Elva Mendoza -especialista en medio ambiente de la
revista Contralínea- “cuando el Estado da permisos para la liberación, en
este caso de soya, es porque no hay elementos de bioseguridad que nos digan que
algo malo va a pasar”.
No
es lo que opinan activistas ecológicos ni los indígenas y campesinos que tienen
sus sembradíos en los alrededores de las áreas donde se cultivaría la soya,
quienes de inmediato interpusieron demandas en cuatro de los siete estados
donde se concedieron los permisos.
No son los
únicos que se oponen. En una serie de reportajes publicados en 2013, Elva Mendoza
indica que, antes de que se concedieran los permisos, tres organismos
gubernamentales -la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad; el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas- se habían pronunciado de manera negativa a la
solicitud de siembra de Monsanto.
Sus
argumentos iban desde “la posible filtración de agroquímicos (glifosato) a
los mantos acuíferos“, hasta “la colindancia de los polígonos liberados con
áreas naturales protegidas y zonas prioritarias terrestres, marinas e
hídricas”.
A
pesar de eso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
que estudió esos conceptos, dio luz verde a la siembra.
De
hecho, según el diario El Financiero, en la decisión del juez de Yucatán
influyó que no se tomaran en cuenta las opiniones técnicas de los mencionados
organismos. El juez además “desechó los argumentos de las autoridades
demandadas quienes exigían a los apicultores mayas pruebas científicas plenas
de que los permisos otorgados influyen negativamente en la producción de miel”.
¿Qué dice
Monsanto?
Desde
su sede en México se indica que la gigante trasnacional, especializada en
investigaciones tecnológicas agrícolas (en su sitio de internet dicen que
invierte US$2 millones diarios en investigar), no está concediendo entrevistas
sobre el tema.
Sin
embargo, luego del dictamen en Yucatán dio a conocer un comunicado en
el que fija su posición, el cual fue entregado a BBC Mundo.
En
él se indica que “cualquier afectación resultante de la liberación de
organismos genéticamente modificados debe ser evaluada por las autoridades
competentes en estricto apego a la ley y con base en evidencias y estudios
científicos concluyentes”.
Se
agrega que durante la rueda de prensa en la que se dio a conocer el fallo
“terceros distintos a quienes interpusieron el amparo” divulgaron información
“que genera confusión ante la opinión pública”.
Esa
información, añaden, también “ignora la afectación que incide sobre los
productores de soya de la región, quienes han subsistido su cultivo durante
años y tienen derecho a acceder de forma voluntaria a mejores tecnologías
agrícolas en beneficio propio de sus familias”.
En el
comunicado también se anuncia que Monsanto está analizando el amparo “a efecto
de interponer los recursos que por ley le asisten para defender sus derechos”.
Además de en
México, Monsanto sostiene -o ha sostenido- batallas jurídicas en
diferentes partes del mundo, como Estados Unidos, Brasil (donde los cultivos
trasngénicos ya superarían a los naturales), Chile o Francia.
La miel de
la melipona
México es el
tercer exportador de miel a nivel mundial (detrás de Argentina y China) y el
sexto productor global. Según reportes, anualmente se producen en este país
unas 57 mil toneladas de miel.
Más del 40%
de la miel mexicana proviene de la llamada península de Yucatán, que se adentra
como una espuela en el Mar Caribe y que incluye al estado del mismo nombre, así
como a Campeche y Quintana Roo.
Casi la
totalidad de la miel que produce la península -donde unas 30 mil familias
dependen de su cultivo- se exporta a la Unión Europea. Uno de los temores que
existen entre los apicultores es que la UE rechace su miel si encuentra que
supera los limites aceptados de polen transgénico.
Y la miel
más preciada de Yucatán es la que proviene de la abeja melipona, que puede
venderse hasta por diez veces el precio de la miel común.
La voz de
Leydi Pech se endulza cuando habla de ella.
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“Es una
abeja ancestral que los mayas hemos utilizado por mucho tiempo. Para nuestro
consumo y para curarnos. Lo que tiene de especial esta abejita es que
selecciona la floración que recolecta. También produce menos cantidad de miel”,
dice a BBC Mundo con el español golpeado que caracteriza a los maya-hablantes.
Luego, un
toque de hiel: “es una abeja que está en peligro de extinción en la península
de Yucatán”.
El cultivo
de la miel entre los mayas es prehispánico. En un estudio, la doctora Alejandra
García Quintanilla, de la Universidad Autónoma de Yucatán, indica que tanto en
la cerámica del período maya clásico (200 a 1.000 DC), como en los libros
del Chilam Balam, se encuentran testimonios sobre la importancia de este
néctar en la vida de las comunidades indígenas.
Es un
conocimiento que sigue vivo: Leydi aprendió todo lo que sabe de la apicultura a
los doce años, de su abuelo. Él, a su vez, recibió el saber de sus padres.
“Lo que más
recuerdo de lo que me enseñó mi abuelo es que no hay que dejar que las abejas
se mueran, siempre hay que defenderlas. Porque las abejas no sólo sirven para
hacer la miel, sino para polinizar nuestros alimentos, lo que consumimos. Eso
las comunidades mayas lo tenemos muy claro: es un servicio que nuestras abejas
nos están dando. Y gratis”.
Lo que se viene
Lo más
seguro es que, como lo insinúa en su comunicado, Monsanto impugne las
decisiones de los jueces de Campeche y Yucatán. Y un tribunal superior bien
puede ordenar la reanudación de los cultivos de soya. Quienes apoyan los
cultivos trangénicos insisten en que no hay pruebas de que hayan
contaminado la miel.
A nivel
global, quienes respaldan los cultivos genéticamente modificados aseguran que
son indispensables para alimentar a una población mundial en aumento.
De vuelta en
México, los amparos plantean enormes retos logísticos. Los jueces
ordenaron que se consulte a las comunidades. El de Yucatán incluso dio plazo:
seis meses. El abogado Jorge Fernández cree esto en inviable en tan corto
período: hay que traducir al maya -y en un lenguaje comprensible- el proyecto.
Luego viene la consulta interna no sólo entre los apicultores, sino entre sus
comunidades. Además, es algo que nunca antes se ha hecho.
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Leydi no
tiene dudas en que, como sea, hay que consultarlos: “nosotros tenemos
asambleas. Cada comunidad, cada ejido hace su asamblea por usos y costumbres y
tomamos nuestras decisiones… Estamos peliando esa parte: que nos pregunten. Porque
tenemos derecho a opinar. Conocemos nuestro medio ambiente, nuestra
biodiversidad, porque la hemos cuidado por miles de años”.
Según
recuerda para BBC Mundo la periodista Elva Mendoza, los permisos para cultivar
maíz transgénico -contra el que también se han presentado fuertes protestas- se
encuentran asimismo suspendidos desde el año pasado por la interdicción de un
juez que recibió una demanda colectiva. Según Mendoza, las transnacionales
afectadas, entre ellas Monsanto, ya interpusieron los recursos jurídicos
necesarios.
Leydi Pech
tiene la esperanza de que la Suprema Corte de Justica de México “atraiga” los
casos y de un dictamen definitivo.
Mientras
tanto, lo que ha ocurrido con Leydi y sus compañeros apicultores es visto por
sus simpatizantes como otra victoria local en medio de una enorme batalla
global.
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